El 19 de julio, de madrugada, el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, José Luis Acevedo, y el abogado Daniel Magán, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, denunciaron a Carlos Alberto Lombardi y su mujer, María Esther, por abandono de personas. En su informe elevado a la Justicia, el asesor tutelar de menores, Gustavo Daniel Moreno, describió que instaron a la acción penal contra ellos “porque la familia rechazó los recursos ofrecidos por el programa, exponiendo de esta forma al menor en riesgo de vida (por Omar, su hijo, y Bautista, el nieto de la mujer), en razón del frío polar que ingresó a la ciudad de Buenos Aires”.
La fiscal que intervino, Claudia Barcia, no dio curso a la denuncia porque el hecho no constituía delito ya que “las personas sindicadas como autoras se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad”. Las denuncias de Acevedo y Magán generaron la respuesta de dos diputados nacionales, Liliana Parada y Claudio Lozano, quienes acudieron a la Justicia porque responsabilizan al jefe de Gobierno, Mauricio Macri, de dos delitos de acción pública: incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. “Es difícil encontrar casos en los cuales de manera tan manifiesta se haya recurrido a la criminalización de personas en un alto nivel de vulnerabilidad violando la normativa y procedimientos vigentes para ocultar el incumplimiento de sus funciones”, dice el escrito que presentaron ante el Juzgado Criminal de Instrucción Nº 2.
“Habilitar este canal de persecución por parte de un funcionario que debe velar por el fortalecimiento familiar y por el Consejo de Derechos, cuando el resultado de su denuncia puede implicar que los padres resulten condenados y privados de su libertad, implica el mayor de los absurdos”, afirman los diputados en su denuncia.
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